Aler Baldomero Samayoa Recinos, alias Chicharra, señalado como líder del cártel de droga Los Huistas, organización con estrechos vínculos con los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, con base en Huehuetenango y operaciones en todo el territorio guatemalteco, fue capturado en México el 11 de marzo de 2025 y extraditado a Estados Unidos el 9 de mayo.
Durante las últimas tres décadas, este narcotraficante y su estructura criminal han mantenido relaciones directas e indirectas con políticos de turno. En esa red de influencias figuran empresarios, militares, alcaldes, diputados y altos funcionarios de Estado.
Una de las familias ligadas a este grupo es la Ortíz Ruíz. Durante el periodo en que Rudy Israel Ortíz Ruíz (†) se desempeñó como jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional fue vinculado por su presunta implicación en la sustracción de más de mil granadas del Ejército que habrían terminado en manos de Los Huistas, caso que permanece en la impunidad.
Asimismo, en la gestión de Ana Marilyn Ortíz Ruíz como gerente general del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) fue nombrado como director departamental de Huehuetenango Ervin René Moreno López, identificado como integrante de esta estructura criminal.
Rudy Israel y Ana Marilyn son hermanos de Elva Emily Ortíz Ruíz, actual jefa de Recursos Humanos del Congreso de la República, designada por el presidente Nery Ramos. Una investigación de Vox Populi resaltan que Elva Emily ha realizado múltiples contrataciones irregulares, algunas de las cuales han beneficiado directamente a Ramos.
Los Huistas también mantienen otros vínculos en el Legislativo. Un caso relevante es el de la diputada del partido Vamos, Sofía Hernández Herrera, electa por Huehuetenango, cuyo sobrino, Augusto Jean Carlo Castillo Hernández, aceptó cargos en Estados Unidos por traficar drogas en beneficio de esta organización criminal.
En este reportaje, Vox Populi presenta una serie de hechos que evidencian las relaciones entre el grupo liderado por “Chicharra” y la familia Ortíz Ruíz, cuyos integrantes han ocupado altos cargos dentro de la administración pública guatemalteca en los últimos diez años.
El padre de los hermanos Ortíz Ruíz es Israel García Ortíz, quien fue militante y candidato a diputado por el Movimiento de Liberación Nacional (MLN), un partido recordado como el de la violencia organizada.
Sonny Figueroa
sonnyfigueroa@voxpopuliguate.com
Artículos de Sonny Figueroa
Marvin Del Cid marvindelcid@voxpopuliguate.com
Artículos de Marvin Del Cid
Los Huistas es una de las estructuras de narcotraficantes más poderosas de Guatemala con control en la frontera con México y en otras partes del territorio nacional. El peso de este grupo criminal se mide, entre otras cosas, por las acciones tomadas por Estados Unidos en su contra.
Varios de sus miembros han sido condenados tanto en Guatemala como en EE. UU. por tráfico de drogas; sin embargo, muchos siguen libres pese a tener órdenes de captura.
El Departamento de Estado ofrece una recompensa de US$10 millones (Q75 millones) por el prófugo Eugenio Darío Molina López, alias “El Botas”, líder del cártel. De igual manera, otros de sus miembros han sido sancionados por el Departamento del Tesoro.
Esa estructura es señalada de transportar cocaína proveniente de Sudamérica hacia Estados Unidos, para lo cual se coordina con cárteles colombianos y mexicanos.
El nombre de la organización criminal surge porque sus integrantes son originarios y mantienen su centro de operaciones en los municipios de Santa Ana Huista y San Antonio Huista, del departamento de Huehuetenango.
Los Huistas operan desde hace más de 30 años en Guatemala y están relacionados con militares y políticos que han ocupado y ocupan posiciones importantes en la administración pública, lo que les permite impunidad.
La captura el 11 de marzo de Aler Baldomero Samayoa Recinos, Chicharra, quien fue extraditado a EE.UU. el pasado 9 de mayo, ha puesto de nuevo a Los Huistas en el debate público por las implicaciones que tienen algunos políticos con este grupo criminal.
La familia Ortíz Ruíz
Son varios hermanos Ortíz Ruíz que han estado ligados directa o indirectamente a hechos que involucran a miembros del cártel de Los Huistas.
El primero de ellos es el militar Rudy Israel Ortíz Ruíz, quien falleció de forma misteriosa en un accidente de helicóptero en el norte de Huehuetenango. Este percance ocurrió el 20 de agosto de 2014, cuando Rudy Israel era jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional.
En el siniestro también murieron los otros militares: Braulio René Mayén García, Rony Adolfo Anleu del Águila, Juan de Dios López Gómez y Selvin Ricardo Raymundo Donis, hecho que según el Ministerio Público se debió “al clima”, por lo que nunca se investigó a fondo lo ocurrido.
Rudy Israel Ortíz Ruiz fue nombrado como jefe del Estado Mayor por el expresidente Otto Pérez Molina en medio del escándalo por el robo de granadas. (Fotografía: Redes Sociales)
El 23 de septiembre de 2013, elPeriódico evidenció que en marzo de ese año fueron robadas 1,449 granadas para fusil en la brigada militar ubicada en el departamento de Petén. Dicha base estaba a cargo de los generales Juventino Saavedra Carrascosa y Rudy Israel Ortíz Ruíz.
Saavedra Carrascosa es cercano a la Fundación Contra el Terrorismo, organanización vinculada a estructuras militares y dirigida por Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla Ovalle, señalados de influir en las decisiones de la fiscalía y de algunos tribunales para criminalizar a periodistas, líderes sociales y operadores de justicia. Juventido Saavedra también es parte de la junta directiva de la Asociacion Movimiento, Justicia y Reconciliación (Asojure) que defiende a militares vinculadas a crimenes de guerra.
Posteriormente, este medio reveló que la cantidad de granadas sustraídas de la base militar de Petén ascendía a 6,000 y que fueron vendidas a los cárteles de los Zetas y Los Huistas. No se supo qué pasó con la investigación del Ministerio Público y tampoco si hubo acusación formal contra algún cargo militar.
El entonces presidente Otto Pérez Molina exculpó a Rudy Israel Ortíz Ruíz de la pérdida de esas granadas y destituyó a Carlos Estuardo Avendaño Leiva, jefe del Comando Aéreo del Norte, el militar que presentó la denuncia ante la fiscalía por la sustracción de los explosivos.
Meses después, el 13 de julio de 2013, Ortíz Ruíz fue nombrado por Pérez Molina como jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, cargo que ocupó hasta el día de su muerte. A Rudy Israel nunca se le investigó y tampoco se le sancionó por parte de la institucion armada.
“Es inaudito que se haya removido al militar que denunció y que se haya premiado con un ascenso al que tenía a su cargo ese armamento”, señaló elPeriódico.
El nombre de Rudy Israel Ortíz Ruíz también es mencionado en repetidas ocasiones en el informe especial del medio El Observador del 12 de julio de 2017 titulado: San Mateo Ixtatán y la restauración de las estructuras paramilitares contrainsurgentes
En el documento se señala que Ortíz Ruíz fue parte de estructuras militares utilizadas para intimidar a pobladores e instalar el proyecto hidroeléctrico de la empresa Promoción de Desarrollo Hídrico Sociedad Anónima, (PDH, S.A., en San Mateo Ixtatán, Huehuetenango.
Otra integrante del clan familiar es Ana Marilyn Ortíz Ruíz, juramentada el 6 de junio de 2019 como gerente general del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). La designación la hizo el presidente de dicha institución, Carlos Francisco Contreras Solorzano.
Contreras Solorzano fue ministro de Trabajo y Previsión Social durante el gobierno de Otto Pérez Molina, quien posteriormente lo designó el 4 de junio de 2015 como presidente de la Junta Directiva del seguro social, cargo que ocupó hasta el 4 de junio de 2021.
El 18 de marzo de 2022, el Departamento del Tesoro sancionó a altos puestos dentro de la organización Los Huistas, entre ellos Ervin Rene Moreno López, quien es contador de la agrupación y está ligado a Eugenio Darío Molina López, alias El Botas.
“Los grupos criminales tales como Los Huistas contribuyen a la inestabilidad en Guatemala, contrabandean narcóticos como cocaína, metanfetaminas y heroína desde Guatemala a través de México, para distribuir en Estados Unidos”, dijo el entonces subsecretario para Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro, Brian E. Nelson.
A los días de esta sanción se reveló que durante la gerencia general de Ana Marilyn Ortíz Ruíz se designó como director departamental del seguro social en Huehuetenango a Ervin Rene Moreno López, el contador de Los Huistas, con un sueldo de Q24 mil mensuales.
De manera sorpresiva y tras estar casi tres años en el cargo, el 31 de marzo de 2022, Ortíz Ruíz presentó su renuncia como gerente general sin explicar los motivos de su salida.
Luego que se revelara que un miembro de Los Huistas trabajaba para el IGSS, Ana Marilyn Ortíz Ruiz renunció como gerente general. (Fotografía: Redes Sociales)
Estados Unidos señaló a Los Huistas de contrabandear cocaína, metanfetamina y heroína desde su base al norte de Guatemala hacia los Estados Unidos utilizando a las organizaciones mexicanas Cártel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
Dicho país explica que las drogas que produce este grupo están adulteradas con fentanilo, lo cual incrementa la posibilidad de sobredosis y muerte de sus consumidores. Además, han importado precursores químicos de China para fabricar metanfetaminas.
Los rostros más importantes de Los Huistas fueron evidenciados en una gráfica que publicó el Departamento del Tesoro, en la que figura Ervin Rene Moreno López.
De derecha a izquierda, en la fila de abajo, aparece Ervin Rene Moreno López, quien trabajaba como director departamental del IGSS en Huehuetenango. (Imagen: Gobierno de EE. UU.)
Los Huistas y el Congreso
En pasillos del Congreso de la República también suena el nombre de Los Huistas. A quien se le vincula con esta estructura criminal es a la diputada Sofía Jeanetth Hernández Herrera, quien llegó al legislativo en 2011 con el Partido Patriota el año en ganó la presidencia Otto Pérez Molina.
Desde entonces ha militado en varias agrupaciones políticas que han sido vinculadas y financiadas por el narcotráfico. En 2015, logró su primera reelección con el partido Libertad Democrática Renovada (Líder).
Un año después, en 2016, Líder fue cancelado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el expresidenciable de ese partido, Manuel Antonio Baldizón Méndez, fue capturado en 2018 en Miami, Estados Unidos, señalado de lavar dinero del narcotráfico para comprar propiedades. También financió sus campañas de 2011 y 2015 con dinero del narco, según EE.UU.
En 2019, Hernández Hererera volvió a reelegirse con la Unión del Cambio Nacional (UCN). Ese mismo año, el 17 de abril, el presidenciable de esa agrupación, Mario Amílcar Estrada Orellana, fue capturado en Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico.
La justicia de aquel país lo señaló de pedir “millones” al Cártel de Sinaloa para financiar su campaña de 2019 a cambio de darles protección cuando fuera presidente de Guatemala. Mario Estrada fue condenado en 2022 a 15 años de cárcel.
«Estrada también ofreció designar a integrantes del Cártel de Sinaloa en altos cargos del gobierno de Guatemala, con el propósito de facilitar y promover las operaciones de narcotráfico», según explicó el gobierno estadounidense.
Sofía Hernández durante la campaña electoral de 2011 con el desaparecido Partido Patriota. Ese año logró su primer período como diputada del Congreso de la República. En 2019 se reeligió con el partidos Vamos (Fotografía: Redes Sociales).
En 2019, la diputada logró que sus hijos Karla Andrea y Erick Geovany Martínez Hernández lograran una curul con la UCN. En la actualidad, Erick Geovany sigue en el Congreso, mientras que Karla Andrea es diputada del Parlamento Centroamericano.
Los vínculos de Sofía Hernández con Los Huistas alcanzan a su sobrino, Augusto Jean Carlo Castillo Hernández, hijo de Ericka Ruth Hernández Herrera, quien fue capturado en 2021 y extraditado a EE.UU. en 2022 por integrar dicho grupo.
En 2023, Castillo Hernández aceptó los cargos que le imputan en Estados Unidos.
Henry Hernández Herrera, hermano de la diputada, fue condenado en Guatemala en junio de 2021 por un caso de obstaculización de la justicia y al aceptar sus vínculos con Los Huistas fue sentenciado a tres años y al pago de una multa con la que recuperó su libertad.
En enero de 2022 fue asesinado mientras presenciaba un partido de fútbol en Santa Ana Huista, cuya alcaldía municipal es dirigida por el hermano gemelo de Henry, Filomeno Hernández Herrera, el otro hermano de la congresista.
El poder de Sofía Hernández se reflejó cuando fue la primera vicepresidenta del Congreso de la República en las juntas directivas 2020-2021 y 2021-2022 que presidió Allan Rodríguez, del partido Vamos, del que ahora forma parte tras reelegirse por tercerca ocasión.
De junio a diciembre de 2020, otra integrante de la familia Ortïz Ruís logró un contrato en la Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso. Se trata de Ludin Madaí Ortíz Ruíz, quien obtendria Q24 mil mensuales con el aval de la directiva que integró Sofía Hernández.
Tal y como se escribió al inicio de este texto, en los últimos diez años son varios eventos en los que los hermanos Ortíz Ruíz han estado ligados de forma directa o indirecta a hechos que involucran a miembros o personas vinculadas con Los Huistas.
Este texto parte de la investigación de Vox Populi Ilegalmente, jefa de recursos humanos del Congreso contrata a su cuñado en la que se describe el nepotismo y el abuso de poder en el Congreso de la República.
Elva Emily Ortíz Ruíz, jefa de recursos humanos del Organismo Legislativo, contrató a su cuñado Jorge Eduardo Hernández Zamora con un salario mensual de Q22 mil. Hernández Zamora presentó una declaración jurada en la que mintió al asegurar que no tenía familiares por afinidad, como establece la ley, trabajando en ese organismo de Estado.
Sumado a la ilegalidad, Elva Emily Ortíz Ruíz le dio una serie de beneficios a su cuñado, como otorgarle un contrato bajo el renglón 022 que permite el cobro del bono 14, aguinaldo y goce de vacaciones, ademas de reducirle la jornada laboral a cinco horas.
Hernandez Zamora es esposa de Ludin Madaí Ortíz Ruíz, quien también trabajó en la Dirección de Asuntos Jurídicos como lo hace ahora su pareja.
No es la primera vez que Elva Emily Ortíz Ruíz y su cuñado Jorge Eduardo Hernández Zamora trabajan juntos en el Estado. Entre 2014 y 2015 fueron asesores del despacho general de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (Digessp) del Ministerio de Gobernación (Mingob).
Los dos cobraban Q18 mil mensuales. Ortíz Ruíz asesoraba en la contratación, evaluación y medición del desempeño del personal. En el caso de Hernández Zamora, por ser abogado, apoyaba en temas legales como la reinstalación de trabajadores.
Era tanta la cercanía entre Elva Emily Ortíz Ruíz y el entonces ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, que en 2014, cuando falleció su hermano Rudy Israel Ortíz Ruíz,entonces jefe del Estado Mayor, le publicó una esquela de página completa en el diario oficial.
Es de mencionar que Mauricio López Bonilla, quien guarda prisión por casos de corrupción, tiene una solicitud de extradición de Estados Unidos por ordenar que patrullas de la Policía Nacional Civil (PNC) escoltaran cargamentos de droga de carteles guatemaltecos con destino a México.
EE.UU. lo señala de recibir US$1.5 millones (Q11.2 millones) de narcotraficantes a cambio de dejar pasar la droga en territorio guatemalteco.
A la izquierda, Elva Emily Ortíz Ruíz seguida de su hermana Ludin Madaí Ortíz Ruíz y su esposo Jorge Eduardo Hernández Zamora. (Fotografía: Vox Populi)
El padre y obras inconclusas
Tras una reforma a la Ley de Contrataciones en 2013 se prohibió a las instituciones públicas contratar a organizaciones no gubernamentales (ONG) para ejecutar recursos públicos porque eran focos de corrupción y las obras quedaban inconclusas.
El papá de los hermanos Ortíz Ruíz es Israel Ortíz García, representante legal de la Asociación Camino para el Desarrollo de Guatemala (Acadegua), una ONG fundada en 2008 durante el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
García Ortíz fue militante y candidato a diputado al Congreso de la República por el Movimiento de Liberación Nacional (MLN), partido integrado por militares y empresarios de ultraderecha.
Una nota de Ojoconmipisto señaló comol vicepresidente de Acadegua a Edgar Humberto García Zuleta, quien en 2019 fue candidato a concejal primero en la planilla de la UNE en el municipio de Granados, Baja Verapaz.
Con esto se confirman los vínculos de Acadegua con la UNE, ya que durante ese gobierno recibió contratos millonarios. Esta ONG fue señalada de incumplimientos en contratos que firmó con diversas instituciones.
En 2010, el Viceministerio del Deporte y la Recreación del Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) le rescindió un contrato por retrasos en la construcción de instalaciones deportivas en los departamentos de Chimaltenango y Baja Verapaz.
El 28 de febrero de 2012, Acción Ciudadana denunció ante la Contraloría General de Cuentas (CGC) a cuatro ONG, entre ellas Acadegua, por incumplir la construcción de viviendas para las víctimas del conflicto armado.
Esas casas debieron ser construidas, pero quedaron inconclusas, en Chimaltenango, Suchitepéquez, Quiché, Baja Verapaz, Izabal, Zacapa, Chiquimula, San Marcos y Sololá. Ese convenio fue firmado por el Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz).
La construcción del Hospital de San Pedro Necta es investigada por el Ministerio Público, pero no se ha procesado a ningún funcionario o integrante de la ONG y el caso se encuentra engavetado para proteger a los responsables. (Fotografía: Redes Sociales)
Sin embargo, la obra por la que el Acadegua tiene relevancia es por la fallida construcción del Hospital de San Pedro Necta, en Huehuetenango, que empezó en 2009.
Durante la administración como director de Fonapaz del ahora diputado por el partido VOS, Jairo Flores, se adjudico el proyecto del hospital a Acadegua, que a la vez subcontrató a la empresa Arco Proyecciones, S.A. La construcción fue pactada por Q37.9 millones, pero el monto aumentó a Q41.4.
El proyecto se retrasó cuatro años y, tras el cierre de Fonapaz en 2013, dicha construcción pasó al control del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). En ese momento se detectaron irregularidades en el desembolso con respecto al avance de la obra.
En abril de 2020, el entonces presidente Alejandro Giammattei dijo que se habían robado Q2 millones y que por eso no avanzaba la obra. «Se clavaron como dos millones y pico de pesos, al menos es el faltante que hay y el hospital está a medio construir», dijo.
Durante la administración de Giammattei, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda licito la conclusion del Hospital de San Pedro Necta y la empresa beneficiada fue Grupo de Análisis, Diseño y Construcción, que obtuvo Q87.3 millones.
En agosto de 2024, durante el gobierno de Bernardo Arévalo, se denunció penalmente por corrupción al exministro de Comunicaciones, Javier Maldonado Quiñonez; a Carlos Quiñónez Schawank, exviceministro de Edificios Estatales; a Juan Carlos Alonzo Reyes, exdirector de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE) y a la empresa.
El hospital lleva el 38 por ciento de avance físico mientras la empresa cobró el 90 por ciento del contrato. Dicha construcción está ahora a cargo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).
De igual forma, todos los responsables de ese caso de corrupción siguen en la impunidad y la fiscalía, lejos de seguir con las pesquisas, las tiene engavetadas, en tanto que los dirigentes de Acadegua no rindieron cuentas sobre este tema, ya que eran los principales responsables de adjudicar este proyecto.
